En el marco de la 4° Asamblea de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente, representante de la Red de Acción por los Derechos Ambientales se reunió con David Boyd, relator especial de Naciones Unidas por el Medio Ambiente y Derechos Humanos el miércoles 13 de marzo de 2019 en Nairobi, Kenia. Luego de compartir un panel sobre justicia ambiental en un evento paralelo de la Asamblea, Alejandra Parra y David Boyd se reunieron para establecer colaboración y comunicación en relación con la situación de Chile y la casi nula protección del derecho al medio ambiente por parte de la institucionalidad pública de Chile.
Minería, energía, industria forestal, salmoneras y manejo de residuos, son las actividades que, a juicio de la organización, provocan más transgresiones de los derechos humanos por la contaminación que generan y a la que someten a la población, por el daño a los recursos naturales de las comunidades, y por la reducción de acceso al agua para miles de personas en el país.
Un claro caso de sometimiento de la población a altos niveles de contaminación son los casos de Qiuntero y Puchuncaví, una zona de sacrificio donde se han instalado termoeléctricas, cementeras, terminales de gas y carbón y otras industrias los últimos 50 años. Solo el año 2018 en Quintero se registraron 8 episodios de intoxicación masiva de personas y 28 superaciones de la norma para dióxido de azufre.
La industria forestal es la principal causante de la escases hídrica en la región de La Araucanía, donde cerca de 250.000 personas no cuentan con agua la mayor parte del año, cifras que fueron entregadas al relator.
La gestión de residuos también fue un tema discutido en la reunión, donde el relator se mostró contrario a la incineración de residuos por el impacto en la calidad del aire que esta actividad tiene inevitablemente y sin importar la tecnología que se utilice.
Se aprovechó la ocasión para informar al Relator sobre la criminalización de dirigentes mapuche en La Araucanía, especialmente los casos de José Tralcal y Luis Tralcal, condenados a 18 años de cárcel sin más pruebas que una declaración obtenida bajo tortura, así como el caso de Facundo Jones Huala condenado a 9 años de presidio sin existir reales pruebas en su contra.
La RADA comunicó al relator la espera de una visita al país para permitirle conocer las transgresiones a los derechos humanos que suceden permanentemente en Chile debido a la debilidad de la institucionalidad y legislación ambiental en Chile, agravado por la vocación empresarial capitalista y privatizadora del Gobierno.
