Con entusiasmo las organizaciones que promovemos la sustentabilidad, los derechos y la justicia ambiental, recibimos la noticia de la reforma al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental SEIA por parte del ejecutivo el día 15 de Abril, en el cual la presidenta Bachelet firma un decreto que crea una Comisión Asesora Presidencial para el estudio de un nuevo SEIA, cuestión que en primera instancia resulta un buen augurio para las futuras generaciones.
En el contexto del SEIA vigente, el cual data desde el año 1997 y que ha sido modificado algunas ocasiones pero no de forma sustancial, los proyectos de inversión que se someten a este sistema que evalúa y certifica que las iniciativas, tanto del sector público como del sector privado, se encuentran en condiciones de cumplir con los requisitos ambientales que les son aplicables, estos proyectos en su mayoría ingresan a través de una Declaración de Impacto Ambiental DIA, la cual es nada más que una declaración de buenas intenciones que propone el titular del proyecto presentado, además que no contiene instancias de participación ciudadana a no ser que sea solicitada por 2 organizaciones con personalidad jurídica o 10 personas afectadas directamente; a su vez una minoría de proyectos ingresan a través de Estudios de Impacto Ambiental EIA, el cual también es una declaración jurada en que el titular presenta mayores antecedentes de su proyecto, identificando los impactos las formas de mitigación, entre otros. Este proceso si contienen instancias de participación ciudadana, las que irrisoriamente solo se enmarcan en la presentación del proyecto a la comunidad, sin ser esta instancia vinculante.
Para muchos el diagnóstico es que este marco normativo necesita renovarse, ya sea por nuevos márgenes regulatorios, porque la institucionalidad ambiental ha cambiado, porque la ciudadanía está más empoderada de la protección de su entorno, porque desde sus inicios el SEIA ha presentado problemas, ha sido cuestionado y ha sido origen de conflictos socio ambientales y porque el sistema no garantiza la igualdad ante la ley entre el proponente/titular de proyectos y los afectados, en fin, un cambio es necesario.
Pero anecdóticamente, el mundo privado y empresarial también son entusiastas en esta nueva etapa que regulará la realización de proyectos de inversión en el territorio nacional, ya que la comisión asesora en cuestión está compuesta por representantes de organizaciones no gubernamentales, el mundo académico, las industrias y asociaciones gremiales, consultores ambientales y representantes de los miembros del Comité de Ministros.
Esta representación es la que nos preocupa, porque en su gran mayoría esta comisión está integrada por un selecto grupo de personas vinculadas al mundo privado y empresarial, particularmente a la minería y el sector privado productivo, además de agentes de consultoras que han trabajado para proyectos emblemáticos, que por citar uno, la consultora Poch que realizo el EIA de Hidroaysen.
Entonces nuevamente la participación de la ciudadanía, de las comunidades de pueblos originarios y comunidades locales es nula, quienes son los que principalmente sufren las consecuencias y costos de los proyectos de inversión.
Ante este escenario se abren nuevas interrogantes, cuáles serán los niveles de participación ciudadana, será esta participación vinculante, que sucederá con los parámetros en materia de consulta indígena estipulado en el convenio 169 de la OIT, habrá apoyo del estado a las comunidades para hacer frente a los EIA o DIA, se incorporarán conceptos de justicia ambiental, seguirá existiendo el comité de ministros, se respetará la planificación que cada comuna haga sobre su territorio; son muchas las preguntas que nos hacemos, y no podemos esperar a saber las respuestas una vez que este promulgado este nuevo sistema de evaluación.
Enrique Pizarro Larraín
Ing. Ambiental
RADA – Red de Acción por los Derechos Ambientales
